miércoles, 14 de enero de 2015

ETA debe seguir sufriendo el peso de la ley por todas sus fechorías.

Ayer conocimos una estupenda noticia; la decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo que establece que no se debe aplicar descuentos en las condenas de los etarras por las penas que hayan cumplido en otros países de la Unión Europea. Al hacerlo así, desautoriza a los jueces de la Audiencia Nacional que fallaron a favor de las reclamaciones de los terroristas. En demasiadas ocasiones los asesinos han aprovechado los resquicios de la ley o el clima político para obtener unos beneficios que, a todas luces, no merecían.
La resolución del Supremo tiene la virtud de que zanja las diferentes interpretaciones a las que había dado lugar una Decisión Marco de la Unión Europea entre los jueces de la Audiencia Nacional. La falta de un criterio claro permitió que desgraciadamente, a principios de diciembre, y pese a la oposición de la Fiscalía, se pusiera en libertad a Santi Potros y a Alberto Plazaola. El acuerdo del Tribunal Supremo permite ahora rechazar las solicitudes de descuento de la condena que habían presentado cerca de 80 terroristas y devolver a prisión a los dos ya excarcelados.
Ayer, también conocimos que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado 29 años de prisión para Bolinaga por el asesinato a tiros de un agente de la Guardia Civil en 1986. El sanguinario etarra se halla en libertad condicional desde agosto de 2012 después de que diferentes informes médicos dijeran que sufría una enfermedad incurable en fase terminal. Transcurridos más de dos años, resulta más que evidente que se ha producido una burla a la Justicia. Es de ley que el carcelero de Ortega Lara, que jamás se ha arrepentido de sus fechorías, dé cuenta ante los tribunales de todos sus crímenes, si bien, a estas alturas, es difícil que se modifique el régimen de que disfruta.
Que ETA haya dejado de matar no debe dar pie a un espacio de impunidad y menos aún a relajar, la situación carcelaria de los terroristas. El Código Penal está para cumplirse y la Justicia debe garantizar, como siempre, su aplicación.
Para las víctimas: Memoria, dignidad y justicia y para los terroristas; Ni olvido, ni perdón.

lunes, 12 de enero de 2015

No a la barbarie y no a perder libertades.


Ni las 192 víctimas mortales del 11-M de 2004 en Madrid, ni las 52 del 7-J de 2005 en Londres; ni siquiera los 2.973 muertos del 11-S de 2001 en Nueva York, Washington y Shanksvillelograron una concentración de tal magnitud de dirigentes políticos del mundo como los 17 fallecidos de estos últimos trágicos días en París. Este es sin duda, un síntoma muy significativo del estado de ánimo con el que lla sociedad, encabezada por sus gobiernos, está respondiendo a los asesinatos: más unidad que nunca frente a la barbarie yihadista, porque el mal está dentro y, en estos momentos, da la impresión de estar en buena parte incontrolado. Esas 54 horas de pánico en Francia han desembocado en lo que podemos denominar sin duda la primera gran manifestación unitaria europea. Porque políticos y ciudadanos salieron a la calle para defender los valores básicos de la civilización occidental.
Ayer, más de millón y medio de personas, arroparon a las decenas de autoridades que rindieron testimonio a las víctimas y manifestaron su repulsa al terrorismo, personas de todo tipo credos  marcharon con el único grito de:"Je suis Charlie", lema que se ha convertido en el más difundido en la historia de las redes sociales, lo que dice mucho de la tremenda conmoción que han causado los sucesos de París en todas las sociedades y no sólo en el ámbito político. Aunque suene a tópico, habrá un antes y un después de los atentados de París porque la impresión que ha quedado en la sociedad es que 13 años después de la caída de las Torres Gemelas hemos avanzado poco en la prevención de esos ataques del fanatismo yihadista.
También ayer, en Paris; los ministros del Interior de la UE  se reunieron antes de la manifestación para tomar las primeras medidas de respuesta. Acordando aplicar controles profundos en las fronteras, aumentar la cooperación policial y judicial y atacar la difusión de los mensajes terroristas en internet, para lo que se establecerán conversaciones con las grandes empresas del sector. El ministro español, Jorge Fernández, se mostró partidario de aprobar ya el registro de datos de viajeros (PNR, por sus siglas en inglés ), que recoge información de ciudadanos que lleguen a la UE desde países que se consideren conflictivos y de los que salgan con destino a ellos. Esta iniciativa lleva paralizada en el Parlamento Europeo desde 2010 por la negativa de los partidos progresistas al considerar que atenta contra la libertad individual.
¿Cómo conseguir aumentar la seguridad ciudadana sin cercenar lo más mínimo las libertades?. Es el debate que volverá a primer plano tras el atentado de París. Y los gobiernos democráticos deberán hilar muy fino en sus propuestas y medidas, porque retroceder en la defensa de los derechos fundamentales supondría, a la postre, un triunfo de las tesis terroristas. Y nuevos atentados podrían espolear los movimientos ultraderechistas y xenófobos que están surgiendo en Europa. La encrucijada es tan problemática como brutal el terrorismo que la causa.

viernes, 12 de diciembre de 2014

Responsabilidad poco remunerada.

El Portal de la Transparencia que el miércoles inauguró el Gobierno ya está abriendo los primeros debates transparentes, el primero ha sido sobre los sueldos que cobran los altos cargos de la administración del Estado. Este asunto viene siendo objeto de polémica desde hace tiempo, pero nunca como hasta ahora se ha podido comprobar el enorme desbarajuste existente gracias precisamente a disponer de todos los datos reunidos y al alcance de unos clics, siendo un importante síntoma de transparencia, fruto de la regeneración que está llegando a nuestro país y que tanto anhelábamos.
El panorama que ofrece el sistema de retribuciones es de todo punto irracional, impensable no ya en la empresa privada, sino en el organigrama de la asociación más modesta. Es completamente ilógico que quien más responsabilidades tiene, quien toma las principales decisiones en el país, tenga una remuneración menor que sus subordinados. Sin embargo, hoy sabemos que el presidente del Gobierno gana, en España, menos que 264 altos cargos, y los ministros, menos que los secretarios de Estado, los subsecretarios y los jefes de gabinete que tienen a su disposición. Y en no pocos casos, las diferencias salariales son amplísimas.
El Portal de la Transparencia ha permitido que esta absurda situación pueda ser conocida en la calle sin demagogias. Los datos están ahí y son los que son. Lo razonable sería que el presidente del Gobierno fuera quien más cobrase dentro de la Administración general y, de ahí hacia abajo, el resto, en función de su nivel de responsabilidad. Pero si algo tan obvio y aparentemente tan sencillo de establecer como los salarios presenta tales desequilibrios, preocupa pensar cómo pueden estar organizadas otras parcelas del aparato del Estado. También hay que afrontar con realismo el asunto de la cuantía de los salarios. Los 90.000 euros que cobra al año Mariano Rajoy  al año se antojan claramente insuficientes para quien dirige la nación y está permanentemente de servicio, desde el primero al último día de su mandato. 
En este punto conviene huir de los extremos. Ni la política puede ser el oasis de unos privilegiados, alejados de la sociedad a la que representan, ni tampoco una actividad tan mal remunerada que ahuyente a personas capacitadas que podrían acabar viendo en ella muchos más sinsabores que legítimas compensaciones.

España es una democracia moderna, forma parte de las principales organizaciones internacionales y debe pagar a sus representantes en justa consonancia. Por ello, lejos de frivolizar, convendría empezar a preparar un nuevo catálogo de retribuciones para la cúpula de la Administración, dentro de un programa de reformas para corregir los desequilibrios existentes. La Administración debe ser racional y atender al principio de jerarquía. Desde el momento en el que cargos inferiores cobran más que sus jefes, es evidente que el sistema existente falla por su base.

viernes, 14 de noviembre de 2014

Chavés y Griñan amordazados por el Supremo.

Ayer conocimos un nuevo AUTO de la Sala Penal del Tribunal Supremo en el que se acuerda abrir investigación por posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos a los ex presidentes de la Junta de Andalucia Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de a los ex consejeros Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y Mar Moreno, esto, desde el punto de vista técnico, no supone su imputación judicial, pero sí un cambio cualitativo en su situación procesal. 
Pues en los próximos días veremos a todos ellos entrar en compañía de sus abogados en el Tribunal Supremo para declarar ante el juez instructor.
La semana pasada, la actual presidente de la junta, sucesora de Griñán; Susana Díaz anunció que cualquier cargo público de su partido que resultara imputado tendría que dejar su escaño. Este era el titular que dejaba Susana Díaz para paliar y amedrentar al hartazgo de los ciudadanos ante los numerosos casos de corrupción y al creciente descrédito de los políticos.
 Es cierto que los ahora investigados podrían finalmente no tener que sentarse en el banquillo y, desde ese punto de vista, hay quien podría considerar precipitado actuar ya políticamente contra ellos. Pero lo que sí sabemos con seguridad es que, para el Supremo, existen indicios suficientes como para que la conducta de los implicados sea examinada, y no por asuntos menores, lo cual supone todo un aviso judicial.
Si la situación de estos hoy diputados y senadores es suficientemente grave como para que Susana Díaz les reclame sus actas, es algo que puede ser materia de debate, aunque lo deseable es que, por puras razones de ética política, es que fueran apartados de sus escaños.
El auto de la Sala Penal del Supremo recuerda que los indicios sobre la participación de los aforados en los hechos que ahora se examinan derivan de su posición de alta y especial responsabilidad política. Por eso, más allá de lo que, en su momento, acabe estableciendo el Tribunal como hechos jurídicamente probados, lo lógico es que se depuraran ya sus responsabilidades en el terreno político; más aun por cuanto, sin prejuzgar que Chaves, Griñán y los demás fueran conocedores de la trama de los ERE fraudulentos, es evidente que, entre sus obligaciones, estaba la de garantizar un uso correcto de los fondos públicos. 
En un momento en el que resulta imprescindible legitimar el ejercicio de la política y devolverle credibilidad, los líderes de los partidos deberían actuar en consecuencia y dar ejemplo.

lunes, 10 de noviembre de 2014

El 9N deriva en un fracaso absoluto del independentismo.

Los partidos y asociaciones independentistas de Cataluña, con Artur Mas a la cabeza, consumaron ayer su simulacro de referéndum con el estruendo típico de unas elecciones. No había un censo real, ni autoridad electoral, ni sistema transparente de recuento, los certificados de voto se repartieron a discreción y las votaciones se sucedieron sin más garantías que las que dan los promotores de la consulta, pero la vistosa afluencia y los recuentos oficiales desgranados por el Govern durante la jornada contribuyeron a pergeñar una ficción democrática.
Hasta dentro de unas semanas no se sabrá con exactitud cuántas personas se declararon ayer a favor de la ruptura entre Cataluña y el resto de España, pero en estimaciones de la Generalitat -juez y parte del proceso- más de dos millones de catalanes acudieron a las urnas. Tratándose de una participación relativamente baja si tenemos en cuenta que la Generalitat amplió hasta los 16 años la edad para votar, permitió participar a los inmigrantes residentes e improvisó mesas en Londres, Nueva York, París y Bruselas para asegurarse el éxito de la convocatoria. Hay también que relativizar el éxito de esta asistencia porque cuatro millones de catalanes decidieron no ir a votar y porque en las elecciones autonómicas de 2012, con un millón de personas menos llamadas a las urnas, los partidos pro consulta ya obtuvieron 2,1 millones de votos, así los participantes rondaron en un tercio de los convocados, algo que se emparenta con las cifras de votantes soberanistas en convocatorias formales. No se sabe hoy exactamente cuántos son, ni se sabrá mañana el porcentaje, porque la posibilidad de votar continúa y porque se ignora en cuánto el presunto censo desborda los 5,4 millones: quizá supere los 6,3 millones. Tanta cuestión aleatoria e interpretable da la medida de cuán poco fiable ha sido el experimento.
La jornada, por tanto, ha sido inútil desde el punto de vista de medir los verdaderos deseos de los catalanes. 
Ósea que, pese a la insistente campaña propagandística desplegada a través de TV3 y de medios afines, con ingentes cantidades de dinero público, Artur Mas tan sólo ha conseguido movilizar a los suyos, y ni siquiera a todos. Este balance debería hacer meditar al presidente de la Generalitat y a su partido, también al resto de formaciones pro consulta, pues resulta muy indicativo de su pérdida de credibilidad en un mandato en el que no ha tenido más motivación que hacer valer el derecho a decidir. Hay que tener en cuenta lo sucedido en Cataluña a pesar de la nula trascendencia jurídica de una votación que no fue una consulta legal, ni un ejercicio democrático sino, tal como advirtió el ministro de Justicia, un acto propagandístico de exaltación independentista con urnas de cartón.
Si algo ha quedado claro es que el Estado de derecho funciona con plenas garantías, a pesar de las triquiñuelas empleadas por Artur Mas y sus socios para sortear la legalidad. El Gobierno ha actuado con firmeza y prudencia, al apelar al Tribunal Constitucional cuando lo ha creído necesario, pero cuidándose mucho en la toma de decisiones. Con la misma cautela, los jueces descartaron ayer retirar las urnas, como solicitaron UPyD y otros partidos y particulares en una quincena de denuncias, porque hubiera sido, sin duda alguna, desproporcionado. Pero la Fiscalía investiga ya posibles delitos de desobediencia, malversación y prevaricación en la actuación de la Generalitat por contravenir la suspensión de la consulta, decretada la semana pasada por el Tribunal Constitucional. Esta orden del TC afecta a las autoridades e instituciones, no a las asociaciones civiles. Según el ministro de Justicia, la Fiscalía también investigará a quienes hayan ordenado a funcionarios que colaborar en el proceso. Una cosa es no dar argumentos al victimismo independentista y otra muy distinta permitir que la Generalitat se salte a la torera las resoluciones del TC.
Con todo, resulta evidente que aunque mantener el dique legal es imprescindible para resistir los embates del independentismo, el Gobierno debe recurrir a la política para desactivar el pulso soberanista. Era previsible, pero hay que tomar buena nota del triunfalismo con que Artur Mas valoró esta "jornada histórica". El presidente de la Generalitat vendió como un éxito la participación cosechada, y advirtió de que tras este paso de gigante Rajoy está obligado a permitir la celebración de un referéndum de autodeterminación con plenos efectos. Mas sabe de sobra que lo que pide es imposible, pero es consciente de que su supervivencia política pasa por mantener su reto al Estado.

lunes, 3 de noviembre de 2014

EEUU se juega su futuro en las legislativas.

Los estadounidenses acuden mañana a las urnas para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, en unas elecciones legislativas marcadas por el pesimismo de los votantes y el desencanto con su presidente, Barack Obama. El trofeo en disputa es el control del Senado, que podría pasar también a manos de los republicanos, dueños ya de la Cámara de Representantes, si consiguen arañar los seis escaños que les separan de la mayoría.
Frente a un Partido Demócrata a la defensiva, la oposición republicana ha impuesto entre la mayoría del electorado la percepción de Obama como un presidente fallido, y las elecciones parlamentarias como un plebiscito sobre su gestión, siendo el propio Obama el que ha apuntalado este carácter al considerar el voto como un pronunciamiento sobre sus logros. Pese al crecimiento sostenido de la economía y la caída del paro y el déficit público, una consistente mayoría se muestra desalentada sobre la situación de EEUU y desaprueba la actuación presidencial en ámbitos que van desde lo coyuntural, como la crisis del ébola, hasta otros de largo recorrido, como sus vacilaciones en política exterior o la escasa convicción de su respuesta ante el yihadismo y la peligrosidad del Estado Islámico. La impopularidad del jefe del Estado le ha convertido en tóxico para sus propios senadores, que han evitado la presencia de Obama en apoyo de sus actos electorales.
La polarización estadounidense se ha acentuado en los últimos años, en paralelo con la presión de la derecha montaraz sobre el Partido Republicano (Tea Party) y el escaso entusiasmo demócrata en la defensa de sus propias políticas. Esta evolución, que inhibe progresivamente el voto moderado, tiene su reflejo en la menguada atención que suscitan las legislativas (participación media del 40%), pese a su importancia en la gobernación del país.
El actual Congreso no se ha caracterizado por sus logros. Si los republicanos consiguen recuperar el Senado no se producirá un cataclismo político. Una mayoría conservadora no puede eliminar de un plumazo la obra de Obama, pero sí desfigurarla y maniatar las iniciativas presidenciales. Torpedear la agenda de la Casa Blanca durante los dos próximos años, sin embargo, sería la más torpe de las opciones en un país tan necesitado del acuerdo entre sus dos grandes partidos para resolver algunos de sus problemas sociales y políticos más acuciantes.

lunes, 20 de octubre de 2014

PODEMOS escoge si pasa a formar parte de la casta o no.

PODEMOS ha emprendido este fin de semana el camino para definirse a sí mismo. En su asamblea fundacional, su lider mas conocido y carismático; Pablo Iglesias ha dejado claro que para optar a ser alternativa de gobierno en nuestro país el movimiento necesita, además de un programa lógico y coherente, una estructura tradicional, centralizada y con un secretario general que sería, como no, él. En definitiva, Podemos ha empezado a pasar de aquel fenómeno social que triunfó en las elecciones europeas del 25-M a convertirse en un partido al uso con perspectivas de entrar en las instituciones democráticas nacionales. 
Y eso tiene sus inconvenientes. Como sería, olvidarse de sus irrealizables como lo que ayer se aprobó; una resolución en la que ya no habla del impago de la deuda, algo que, sin duda alguna, sacaría a España de los circuitos de financiación y que haría imposible la consecución de dinero y financiación por parte de nuestro país, pues bien, ahora  proponen una «reestructuración» de la deuda... 
Iglesias quiere darle a Podemos la forma de un partido que se parece a la «casta» que tanto crítica y denigran con un fondo que ya no va contra el sistema, sino que busca integrarse en él, formar parte de él y como no, aprovecharse del mismo. Su contrincante por dirigir Podemos, el también eurodiputado, Pablo Echenique, opta por continuar con sus círculos y por tres portavoces para liderar la organización. 

A partir de hoy se votan resoluciones extraídas de las cincuenta y tantas ponencias presentadas (modelo de organización, vivienda, corrupción, educación, igualdad, jóvenes, etc). Los resultados se conocerán el lunes que viene. Sin embargo, por lo ocurrido dentro y fuera del Palacio de Vistalegre, el debate dominante es el mismo debate dominante en todos los congresos de partido que en España y que en el mundo han sido: el poder. Es decir, quién manda, incluso antes de decidir para qué se manda.
Concretar la utopía en una organigrama y en un programa político es casi imposible. Ahora, los simpatizantes escogerán el camino.