miércoles, 18 de febrero de 2015

La imputación de Chaves y Griñán deja KOs al PSOE y a Susana Díaz.

Los 2 últimos presidentes de la Junta de Andalucía, además de últimos presidentes del PSOE; Manuel Chaves y José Antonio Griñán, han sido llamados a declarar por el Tribunal Supremo como imputados en el caso de los ERE falsos junto a los ex consejeros Gaspar Zarrías, Mar Moreno y José Antonio Viera.
Sin duda, hemos de congratularnos por la labor llevada a cabo por la juez Mercedes Alaya, que supo muy acertadamente recoger e investigar las denuncias de aquellos empresarios de Mercasevilla que dieron lugar al caso de los ERE falsos. Nada más y nada menos que todo un sistema de subvenciones dirigidas a empresas del entorno del PSOE y de la Junta al margen de la contabilidad oficial, que supuso un quebranto de 855 millones de euros y siendo ya casi 300 los imputados..
Esta imputación se conoce a poco más de un mes de las elecciones andaluzas, que supondrán la apertura a la sucesión de convocatorias electorales más larga desde la reinstauración de la democracia en nuestro país (Andaluzas, municipales y autonómicas, catalanas y generales). Un proceso en el que la corrupción y las malas prácticas políticas van a marcar las propuestas de los partidos y a determinar los resultados electorales.
La nueva situación procesal de los dos ex presidentes de la Junta coloca en una situación comprometida a Susana Díaz, que se ha autonombrado adalid  de la lucha contra la corrupción. El pasado noviembre, al ser preguntada por el futuro de Chaves y Griñán en caso de ser imputados afirmó sin tapujos que "cualquier imputado tendrá que dejar el escaño". Aunque ayer, el PSOE-A desistió de esta afirmanción atrincherandose en que Díaz había matizado que pedir la renuncia al escaño dependería de la imputación de un "delito concreto", lo que coloquialmente conocemos como, excusas baratas.
La misma consigna salió de la dirección nacional del partido. Pedro Sánchez también había afirmado que "si Chaves y Griñán son imputados deberán dejar de ser miembros de las camaras legislativas". Pero ayer, como el PSOE Andaluz, protegió a los dos ex presidentes. Este cambio de posición deja en evidencia la enorme torpeza con la que Sánchez ha descabalgado a Tomás Gómez de la dirección del partido en Madrid. ¿Por qué defiende a Chaves y a Griñán ante una imputación del Supremo y en cambio defenestra a Gómez cuando ni siquiera está siendo investigado por los tribunales por su gestión en el Ayuntamiento de Parla? Los militantes socialistas deberían exigir una respuesta a su secretario general y los ciudadanos castigar estos tambaleos y tejemanejes en las urnas, porque si son incapaces de gestionar y limpiar su casa, es imposible que puedan intentar tranformar  la sociedad para mejorar la vida de los ciudadanos.
https://www.youtube.com/watch?v=Uv6U-Z6WZ5o&feature=youtu.be

martes, 3 de febrero de 2015

Con el visto bueno del TC a al reforma laboral, avanzamos en la recuperación.

Ayer el pleno del Tribunal Constitucional dio el visto bueno definitiva a la archicriticada reforma laboral que el gobierno de España realizó en 2012, a la que se el aumento de la creación de puestos de trabajo, esto supone, sin duda una gran victoria del gobierno de Mariano Rajoy, pero sobre todo,  un importante empujón a la recuperación económica. El Constitucional ha rechazado los recursos presentados por el PSOE y por Izquierda Plural contra aspectos clave de la reforma, como el tratamiento mucho más descentralizado de los convenios colectivos, el periodo de prueba de un año del nuevo contrato de emprendedores y la modificación de las causas económicas para el despido colectivo en una empresa.
Con esta sentencia, el Alto Tribunal descarta que la reforma del mercado de trabajo vulnere aspectos clave de las relaciones laborales recogidos en la Constitución, algunos de ellos, como Derechos fundamentales, regulados en el artículo 28, como el derecho a la libertad sindical, a la negociación colectiva y el derecho al trabajo, todos ellos bandera tradicional de la izquierda política y que ésta consideraba conculcados con la nueva legislación. Decíamos que la sentencia es un enorme triunfo para Rajoy y el Gobierno popular porque sobre esa reforma, que yo aun sigue pensando que se quedó corta, ha pivotado la política económica del Gobierno, y en ella sustenta su esperanza de nuevos logros hasta el final de la legislatura. Además, ha sido reconocida por los organismos internacionales como una de las medidas más valientes y más acertadas del Ejecutivo desde que llegó al poder. Pedro Sánchez y los enemigos de la libertad de Podemos tienen hoy menos argumentos para derogarla, como promete que hará si llega a gobernar.
Pero la decisión del Constitucional es trascendente para el futuro económico, y también sobre este aspecto hay que basar el análisis. La reforma laboral, que al liberalizar el mercado de trabajo destruyó empleo en lo peor de la crisis, ha servido para multiplicar la capacidad de generarlo en cuanto ha llegado la recuperación. Si no hubiera sido así, la economía española no habría podido sumar 400.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social en 2014 con un crecimiento del PIB de sólo el 1,4%. Tumbar ahora la reforma laboral supondría un seco frenazo a la buena marcha económica del país, que se está traduciendo en la creación acelerada de puestos de trabajo.

lunes, 26 de enero de 2015

Nuevo gobierno griego, mismas exigencias para el país.

Alexis Tsipras ha tomado hoy posesión de su cargo como presidente heleno, tras un pacto con el partido ANEL para formar gobierno a raíz del resultado obtenido ayer en las elecciones griegas, consiguiendo la coalición de izquierda radical Syriza un triunfo histórico, obteniendo el 36% de los votos.
El drástico giro que reflejaron ayer las urnas es la manifestación de la voluntad de los ciudadanos griegos, y en este sentido nadie puede cuestionar ni demonizar los resultados. A pesar de la incertidumbre que genera en el seno de Europa la victoria de una formación populista como Syriza, es hora de olvidar los discursos catastróficas y apocalípticos y ponerse a trabajar ofreciendo colaboración al nuevo gobierno griego. Pero esto, por supuesto, no puede significar que la UE, el BCE y el FMI deban ceder ante sus pretensiones. Grecia tiene contraídas una serie de responsabilidades de las que Tsipras no podrá desembarazase, como es la devolución de los 320.000 millones de euros recibidos en concepto de rescate para evitar la quiebra del país. Europa puede flexibilizar los plazos de la devolución de la deuda o negociar una bajada de intereses, porque no se trata de asfixiar a los griegos, pero debe evitar hablar de quitas o de una renegociación que suponga el impago a los acreedores internacionales, ya que esto supondría un antecedente de peligrosas consecuencias y daría alas a otros movimientos populistas. El nuevo jefe de Gobierno ha generado unas expectativas que no son reales, prometiendo el fin de las políticas de austeridad aplicadas por el anterior Ejecutivo. Pero el líder de Syriza se va a tener que enfrentar a una realidad bien distinta, la que le presente la Troika en las próximas negociaciones. Si aspira a conseguir nuevos aplazamientos en el pago de la deuda, no le va a quedar más remedio que comprometerse en continuar con el ajuste del gasto. De lo contrario, estaría condenando al país a una crisis aún mayor de consecuencias imprevisibles y a una posible salida de la eurozona.
Es cierto que la victoria de Tsipras puede interpretarse como un castigo de los electores a la desprestigiada clase política que ha gobernado el país durante los últimos 40 años. Pero el nuevo líder debe demostrar que no sólo es el depositario del voto inconformista o de quienes están cansados de la depauperación del país, sino que sus propuestas y su nuevo talante político, antagónico a los de una clase dirigente irresponsable, endogámica, clientelista y corrupta, son válidos para sacar a Grecia del atolladero.
Las soluciones de Syriza no son exportables a España, ya que nuestro país tiene una economía diez veces mayor, está creando empleo, creciendo a un ritmo superior a la media de la UE y, sobre todo, no está rescatado ni sometido a las condiciones de la Troika.

miércoles, 14 de enero de 2015

ETA debe seguir sufriendo el peso de la ley por todas sus fechorías.

Ayer conocimos una estupenda noticia; la decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo que establece que no se debe aplicar descuentos en las condenas de los etarras por las penas que hayan cumplido en otros países de la Unión Europea. Al hacerlo así, desautoriza a los jueces de la Audiencia Nacional que fallaron a favor de las reclamaciones de los terroristas. En demasiadas ocasiones los asesinos han aprovechado los resquicios de la ley o el clima político para obtener unos beneficios que, a todas luces, no merecían.
La resolución del Supremo tiene la virtud de que zanja las diferentes interpretaciones a las que había dado lugar una Decisión Marco de la Unión Europea entre los jueces de la Audiencia Nacional. La falta de un criterio claro permitió que desgraciadamente, a principios de diciembre, y pese a la oposición de la Fiscalía, se pusiera en libertad a Santi Potros y a Alberto Plazaola. El acuerdo del Tribunal Supremo permite ahora rechazar las solicitudes de descuento de la condena que habían presentado cerca de 80 terroristas y devolver a prisión a los dos ya excarcelados.
Ayer, también conocimos que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado 29 años de prisión para Bolinaga por el asesinato a tiros de un agente de la Guardia Civil en 1986. El sanguinario etarra se halla en libertad condicional desde agosto de 2012 después de que diferentes informes médicos dijeran que sufría una enfermedad incurable en fase terminal. Transcurridos más de dos años, resulta más que evidente que se ha producido una burla a la Justicia. Es de ley que el carcelero de Ortega Lara, que jamás se ha arrepentido de sus fechorías, dé cuenta ante los tribunales de todos sus crímenes, si bien, a estas alturas, es difícil que se modifique el régimen de que disfruta.
Que ETA haya dejado de matar no debe dar pie a un espacio de impunidad y menos aún a relajar, la situación carcelaria de los terroristas. El Código Penal está para cumplirse y la Justicia debe garantizar, como siempre, su aplicación.
Para las víctimas: Memoria, dignidad y justicia y para los terroristas; Ni olvido, ni perdón.

lunes, 12 de enero de 2015

No a la barbarie y no a perder libertades.


Ni las 192 víctimas mortales del 11-M de 2004 en Madrid, ni las 52 del 7-J de 2005 en Londres; ni siquiera los 2.973 muertos del 11-S de 2001 en Nueva York, Washington y Shanksvillelograron una concentración de tal magnitud de dirigentes políticos del mundo como los 17 fallecidos de estos últimos trágicos días en París. Este es sin duda, un síntoma muy significativo del estado de ánimo con el que lla sociedad, encabezada por sus gobiernos, está respondiendo a los asesinatos: más unidad que nunca frente a la barbarie yihadista, porque el mal está dentro y, en estos momentos, da la impresión de estar en buena parte incontrolado. Esas 54 horas de pánico en Francia han desembocado en lo que podemos denominar sin duda la primera gran manifestación unitaria europea. Porque políticos y ciudadanos salieron a la calle para defender los valores básicos de la civilización occidental.
Ayer, más de millón y medio de personas, arroparon a las decenas de autoridades que rindieron testimonio a las víctimas y manifestaron su repulsa al terrorismo, personas de todo tipo credos  marcharon con el único grito de:"Je suis Charlie", lema que se ha convertido en el más difundido en la historia de las redes sociales, lo que dice mucho de la tremenda conmoción que han causado los sucesos de París en todas las sociedades y no sólo en el ámbito político. Aunque suene a tópico, habrá un antes y un después de los atentados de París porque la impresión que ha quedado en la sociedad es que 13 años después de la caída de las Torres Gemelas hemos avanzado poco en la prevención de esos ataques del fanatismo yihadista.
También ayer, en Paris; los ministros del Interior de la UE  se reunieron antes de la manifestación para tomar las primeras medidas de respuesta. Acordando aplicar controles profundos en las fronteras, aumentar la cooperación policial y judicial y atacar la difusión de los mensajes terroristas en internet, para lo que se establecerán conversaciones con las grandes empresas del sector. El ministro español, Jorge Fernández, se mostró partidario de aprobar ya el registro de datos de viajeros (PNR, por sus siglas en inglés ), que recoge información de ciudadanos que lleguen a la UE desde países que se consideren conflictivos y de los que salgan con destino a ellos. Esta iniciativa lleva paralizada en el Parlamento Europeo desde 2010 por la negativa de los partidos progresistas al considerar que atenta contra la libertad individual.
¿Cómo conseguir aumentar la seguridad ciudadana sin cercenar lo más mínimo las libertades?. Es el debate que volverá a primer plano tras el atentado de París. Y los gobiernos democráticos deberán hilar muy fino en sus propuestas y medidas, porque retroceder en la defensa de los derechos fundamentales supondría, a la postre, un triunfo de las tesis terroristas. Y nuevos atentados podrían espolear los movimientos ultraderechistas y xenófobos que están surgiendo en Europa. La encrucijada es tan problemática como brutal el terrorismo que la causa.

viernes, 12 de diciembre de 2014

Responsabilidad poco remunerada.

El Portal de la Transparencia que el miércoles inauguró el Gobierno ya está abriendo los primeros debates transparentes, el primero ha sido sobre los sueldos que cobran los altos cargos de la administración del Estado. Este asunto viene siendo objeto de polémica desde hace tiempo, pero nunca como hasta ahora se ha podido comprobar el enorme desbarajuste existente gracias precisamente a disponer de todos los datos reunidos y al alcance de unos clics, siendo un importante síntoma de transparencia, fruto de la regeneración que está llegando a nuestro país y que tanto anhelábamos.
El panorama que ofrece el sistema de retribuciones es de todo punto irracional, impensable no ya en la empresa privada, sino en el organigrama de la asociación más modesta. Es completamente ilógico que quien más responsabilidades tiene, quien toma las principales decisiones en el país, tenga una remuneración menor que sus subordinados. Sin embargo, hoy sabemos que el presidente del Gobierno gana, en España, menos que 264 altos cargos, y los ministros, menos que los secretarios de Estado, los subsecretarios y los jefes de gabinete que tienen a su disposición. Y en no pocos casos, las diferencias salariales son amplísimas.
El Portal de la Transparencia ha permitido que esta absurda situación pueda ser conocida en la calle sin demagogias. Los datos están ahí y son los que son. Lo razonable sería que el presidente del Gobierno fuera quien más cobrase dentro de la Administración general y, de ahí hacia abajo, el resto, en función de su nivel de responsabilidad. Pero si algo tan obvio y aparentemente tan sencillo de establecer como los salarios presenta tales desequilibrios, preocupa pensar cómo pueden estar organizadas otras parcelas del aparato del Estado. También hay que afrontar con realismo el asunto de la cuantía de los salarios. Los 90.000 euros que cobra al año Mariano Rajoy  al año se antojan claramente insuficientes para quien dirige la nación y está permanentemente de servicio, desde el primero al último día de su mandato. 
En este punto conviene huir de los extremos. Ni la política puede ser el oasis de unos privilegiados, alejados de la sociedad a la que representan, ni tampoco una actividad tan mal remunerada que ahuyente a personas capacitadas que podrían acabar viendo en ella muchos más sinsabores que legítimas compensaciones.

España es una democracia moderna, forma parte de las principales organizaciones internacionales y debe pagar a sus representantes en justa consonancia. Por ello, lejos de frivolizar, convendría empezar a preparar un nuevo catálogo de retribuciones para la cúpula de la Administración, dentro de un programa de reformas para corregir los desequilibrios existentes. La Administración debe ser racional y atender al principio de jerarquía. Desde el momento en el que cargos inferiores cobran más que sus jefes, es evidente que el sistema existente falla por su base.

viernes, 14 de noviembre de 2014

Chavés y Griñan amordazados por el Supremo.

Ayer conocimos un nuevo AUTO de la Sala Penal del Tribunal Supremo en el que se acuerda abrir investigación por posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos a los ex presidentes de la Junta de Andalucia Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de a los ex consejeros Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y Mar Moreno, esto, desde el punto de vista técnico, no supone su imputación judicial, pero sí un cambio cualitativo en su situación procesal. 
Pues en los próximos días veremos a todos ellos entrar en compañía de sus abogados en el Tribunal Supremo para declarar ante el juez instructor.
La semana pasada, la actual presidente de la junta, sucesora de Griñán; Susana Díaz anunció que cualquier cargo público de su partido que resultara imputado tendría que dejar su escaño. Este era el titular que dejaba Susana Díaz para paliar y amedrentar al hartazgo de los ciudadanos ante los numerosos casos de corrupción y al creciente descrédito de los políticos.
 Es cierto que los ahora investigados podrían finalmente no tener que sentarse en el banquillo y, desde ese punto de vista, hay quien podría considerar precipitado actuar ya políticamente contra ellos. Pero lo que sí sabemos con seguridad es que, para el Supremo, existen indicios suficientes como para que la conducta de los implicados sea examinada, y no por asuntos menores, lo cual supone todo un aviso judicial.
Si la situación de estos hoy diputados y senadores es suficientemente grave como para que Susana Díaz les reclame sus actas, es algo que puede ser materia de debate, aunque lo deseable es que, por puras razones de ética política, es que fueran apartados de sus escaños.
El auto de la Sala Penal del Supremo recuerda que los indicios sobre la participación de los aforados en los hechos que ahora se examinan derivan de su posición de alta y especial responsabilidad política. Por eso, más allá de lo que, en su momento, acabe estableciendo el Tribunal como hechos jurídicamente probados, lo lógico es que se depuraran ya sus responsabilidades en el terreno político; más aun por cuanto, sin prejuzgar que Chaves, Griñán y los demás fueran conocedores de la trama de los ERE fraudulentos, es evidente que, entre sus obligaciones, estaba la de garantizar un uso correcto de los fondos públicos. 
En un momento en el que resulta imprescindible legitimar el ejercicio de la política y devolverle credibilidad, los líderes de los partidos deberían actuar en consecuencia y dar ejemplo.