Los partidos y asociaciones independentistas de Cataluña, con Artur
Mas a la cabeza, consumaron ayer su simulacro de referéndum con el
estruendo típico de unas elecciones. No había un censo real, ni autoridad
electoral, ni sistema transparente de recuento, los certificados de voto se repartieron
a discreción y las votaciones se sucedieron sin más garantías que las que dan
los promotores de la consulta, pero la vistosa afluencia y los recuentos
oficiales desgranados por el Govern durante la jornada contribuyeron a pergeñar
una ficción democrática.
Hasta dentro de unas semanas no se sabrá con exactitud cuántas personas se
declararon ayer a favor de la ruptura entre Cataluña y el resto de España, pero
en estimaciones de la Generalitat -juez y parte del proceso- más de dos
millones de catalanes acudieron a las urnas. Tratándose de una participación
relativamente baja si tenemos en cuenta que la Generalitat amplió hasta los 16
años la edad para votar, permitió participar a los inmigrantes residentes e
improvisó mesas en Londres, Nueva York, París y Bruselas para asegurarse el
éxito de la convocatoria. Hay también que relativizar el éxito de esta
asistencia porque cuatro millones de catalanes decidieron no ir a votar y
porque en las elecciones autonómicas de 2012, con un millón de personas menos llamadas
a las urnas, los partidos pro consulta ya obtuvieron 2,1 millones de votos, así los
participantes rondaron en un tercio de los convocados, algo que se emparenta
con las cifras de votantes soberanistas en convocatorias formales. No se sabe
hoy exactamente cuántos son, ni se sabrá mañana el porcentaje, porque la
posibilidad de votar continúa y porque se ignora en cuánto el presunto censo
desborda los 5,4 millones: quizá supere los 6,3 millones. Tanta cuestión
aleatoria e interpretable da la medida de cuán poco fiable ha sido el
experimento.
La jornada, por tanto, ha sido inútil desde el punto de vista de medir los
verdaderos deseos de los catalanes.
Ósea que, pese a la insistente campaña propagandística desplegada a través
de TV3 y de medios afines, con ingentes cantidades de dinero público, Artur Mas
tan sólo ha conseguido movilizar a los suyos, y ni siquiera a todos. Este
balance debería hacer meditar al presidente de la Generalitat y a su partido,
también al resto de formaciones pro consulta, pues resulta muy indicativo de su
pérdida de credibilidad en un mandato en el que no ha tenido más motivación que
hacer valer el derecho a decidir. Hay que tener en cuenta lo sucedido en
Cataluña a pesar de la nula trascendencia jurídica de una votación que no fue una
consulta legal, ni un ejercicio democrático sino, tal como advirtió el ministro
de Justicia, un acto propagandístico de exaltación independentista con urnas de
cartón.
Si algo ha quedado claro es que el Estado de derecho funciona con plenas
garantías, a pesar de las triquiñuelas empleadas por Artur Mas y sus socios
para sortear la legalidad. El Gobierno ha actuado con firmeza y prudencia, al
apelar al Tribunal Constitucional cuando lo ha creído necesario, pero
cuidándose mucho en la toma de decisiones. Con la misma cautela, los jueces
descartaron ayer retirar las urnas, como solicitaron UPyD y otros partidos y
particulares en una quincena de denuncias, porque hubiera sido, sin duda
alguna, desproporcionado. Pero la Fiscalía investiga ya posibles delitos de
desobediencia, malversación y prevaricación en la actuación de la Generalitat
por contravenir la suspensión de la consulta, decretada la semana pasada por el
Tribunal Constitucional. Esta orden del TC afecta a las autoridades e
instituciones, no a las asociaciones civiles. Según el ministro de Justicia, la
Fiscalía también investigará a quienes hayan ordenado a funcionarios que
colaborar en el proceso. Una cosa es no dar argumentos al victimismo
independentista y otra muy distinta permitir que la Generalitat se salte a la
torera las resoluciones del TC.
Con todo, resulta evidente que aunque mantener el dique legal es
imprescindible para resistir los embates del independentismo, el Gobierno debe
recurrir a la política para desactivar el pulso soberanista. Era previsible,
pero hay que tomar buena nota del triunfalismo con que Artur Mas valoró esta
"jornada histórica". El presidente de la Generalitat vendió como un
éxito la participación cosechada, y advirtió de que tras este paso de gigante
Rajoy está obligado a permitir la celebración de un referéndum de
autodeterminación con plenos efectos. Mas sabe de sobra que lo que pide es
imposible, pero es consciente de que su supervivencia política pasa por
mantener su reto al Estado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario