Esperanza reformista

Hace justo un año retrasaron el gobierno y las instituciones económicas retrasaron toda esperanza de recuperación en esta legislatura.
Fue, ni mas ni menos cuando  se reconoció que no se crearía empleo hasta después de 2015 y que la legislatura acabaría con una tasa de paro superior a la que había cuando comenzó a finales de 2011.
Estas elucubraciones echaron  por tierra cualquier atisbo de final de la crisis a corto y medio plazo. Pero, 12 meses después, la situación ha dado un giro de 180°. El ministro de economía,  De Guindos anticipó ayer que España va a crecer una media del 1,5% anual en 2014 y 2015 y que el Estado podrá reducir las emisiones de deuda neta gracias al aumento de los ingresos por la recaudación impositiva.
Y es que sin duda; la buena marcha de las exportaciones, las cifras récord del turismo y la incipiente recuperación del consumo interno son pruebas de que podemos mirar al futuro de otra forma, gracias también al apoyo del BCE  y su masiva compra de deuda periférica. Ahora, es responsabilidad del Gobierno seguir con las senda reformista que ayude a reducir el elevado nivel de paro. Siendo las más urgentes la de la Administración para reducir el gasto público y una rebaja fiscal para devolver al sector privado recursos para consumir e invertir.

El Bipartitoruina se tambalea.

 La grave crisis abierta entre el PSOE e IU en Andalucía por la gestión de las viviendas públicas marca un antes y un después para la coalición de Gobierno en la Junta.

Esta disputa no ha sido una sorpresa para muchos pues vista la radicalidad de los planteamientos de IU, era cuestión de tiempo que ambas formaciones chocaran: un día apoya la ocupación de fincas, al siguiente los escraches a políticos, hasta que finalmente acaba saltándose el turno de adjudicación de pisos destinados a personas desfavorecidas para beneficiar a un colectivo afín.

Fue la propia consejera Elena Cortés quien impulsó la ley antidesahucios andaluza que legaliza la expropiación de viviendas y sanciona a los propietarios de casas vacías, una norma que socava el derecho a la propiedad privada y que ya ha sido suspendida acertadamente por el Tribunal Constitucional.

Ante este percal Susana Díaz ha optado por retirarle a la consejera las competencias para adjudicación de viviendas públicas, siendo está una acción incompleta, puesto debería haberla destituido de su cargo automáticamente, pues está claro que alguien tiene que responsabilizarse de que se haya preferido realojar a unos “okupas” antes que atender las necesidades de personas con verdadero riesgo de exclusión social. Al parecer entre los beneficiados habría más de uno con trabajo e incluso alguno vinculado al grupo municipal de IU en Sevilla. Estamos claramente ante una irregularidad que podría constituir un delito de prevaricación, pues se ha obviado el orden de prioridad establecido por la ley.

Estos hechos tienen una importancia muy relevante pues indican que IU actúa por libre en la Junta, sin contar con su socio de Gobierno y de espaldas a la presidenta y, lo que es más grave; a la ciudadanía. Pretendiendo explotar la demagogia en un asunto particularmente sensible en momentos de crisis.

Lo que queda claro es que el incidente entre PSOE e IU es grave y da pie a pensar que podemos hallarnos ante el principio del fin del pacto de Gobierno, justo cuando en Andalucía se llega al ecuador de la legislatura, algo que muchos aventuramos justo en el momento en que se forjó. Ante esto a Susana Díaz sólo le queda ser taxativa, aunque a estas alturas ya haya quien se malicie y piense que esta crisis le sirva de excusa para argumentar la imposibilidad de gobernar con esta excrecencia ideológica y, consecuentemente, verse forzada a convocar unas elecciones tan anticipadas como deseadas por los suyos y por aquellos que sólo viven del cálculo que brindan las encuestas, y que a mi modo de ver sería un tanto irresponsable y forzado hacerlo.

Valiente, buena y necesaria reforma de la LOPJ.

Ayer el consejo de ministros aprobó el anteproyecto de reforma  de la Ley Orgánica del Poder Judicial que fue presentada en la rueda de prensa posterior al mismo. 

Esta reforma supone una modificación clara y sustancial de las estructuras de la Justicia en España. Con dos objetivos muy claros: dar mayor agilidad al sistema judicial y ganar en seguridad jurídica, los dos grandes problemas endémicos de nuestra Administración de Justicia.

En primer lugar la nueva norma elimina las Audiencias Provinciales y crea los Tribunales Provinciales de Instancia, esto supone modificar sustancialmente el funcionamiento de los juzgados, de forma que tanto en la instrucción como en la fase de juicio, los magistrados se repartirán proporcionalmente los casos.. Es, sin duda, un paso en la buena dirección que permitirá una distribución más equitativa del esfuerzo, lo que redundará en mayor rapidez y en un beneficio para el ciudadano. Además, la ley declara hábil el mes de agosto para evitar la paralización de los tribunales en el período estival. Otra importante novedad es que los casos particularmente complejos que lleguen a cualquier unidad judicial y todos los que se investiguen en la Audiencia Nacional serán instruidos de forma colegiada por tres jueces. Esto acabará por fin con la figura del juez estrella, y la consecuente focalización de la presión sobre su persona, esa medida puede contribuir a agilizar la investigación de macroprocesos en los que son necesarias múltiples diligencias.

Una de las medidas que pueden ser objeto de polémica de esta reforma es la de otorgar la condición de aforados a la Reina y a los Príncipes. Medida que a mi modo de ver es acertada y necesario pues es ilógico que cualquier diputado o senador sea aforado y no el heredero de la Corona.

Por otra parte, la decisión de dar carácter vinculante a la doctrina del Tribunal Supremo es igualmente oportuna. La seguridad jurídica a que dará lugar redundará a buen seguro en una menor litigiosidad.

La nueva ley Orgánica del Poder Judicial es una apuesta valiente que acude a la raíz de problemas crónicos y será un instrumento para modernizar  y descolapsar la Administración de Justicia, algo que tanta falta hace.

Preocupante auge del populismo.

Las grandes crisis suelen ser excelentes oportunidades para el cambio, siempre y cuando no se yerre en el diagnóstico y un gran error fruto de la crisis económica es el fermento del apoyo a los partidos populistas en toda Europa, ha sido la debacle económica la que ha expandido el mensaje y el atractivo de los populistas, que no se limitan a exigir el cierre de las fronteras a la inmigración, sino el cierre de fronteras a secas. 
Están contra el euro y contra la UE, compartiendo terreno, entre otros, con la extrema izquierda; y están,contra la austeridad como Marine Le Pen, cuyo partido ha obtenido el mejor resultado de su historia en las elecciones municipales fracesas.
El populismo utiliza el vocabulario de la democracia, pero lo que afirma es que por encima de la libertad individual hay una razón superior que se llamará Pueblo o Raza...algo que recuerda a tiempos pasados, que para lo único que debemos de recordar es para no permitir su repetición.
Populismo y nacionalismo excluyente pasean juntos, de la manita por toda Europa, siendo el local caso catalán un buen ejemplo de ello. El independentismo apela a la razón superior de la "nación catalana", a la legitimidad suprema de la "voz del pueblo" en la calle, y ofrece las fáciles soluciones para todo, absolutamente irreales, que caracterizan al charlatán populista de ahora y siempre.

Por ello, no debemos permitir que con ocasión de la dura crisis económica que padecemos, vuelva la mentalidad de antaño con la vuelta al interés nacional, la recuperación de las fronteras, el fin de la moneda común, etc, haciendo una importante y ridicula apelación al miedo en sus mensajes  proteccionistas, antiliberales y antieuropeístas

Sin duda alguna, la mejor manera de combatir a este populismo in crescendo es atender las inquietudes ciudadanas y abordar los problemas —paro, inseguridad o integración— con realismo y sensatez.