Chavés y Griñan amordazados por el Supremo.

Ayer conocimos un nuevo AUTO de la Sala Penal del Tribunal Supremo en el que se acuerda abrir investigación por posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos a los ex presidentes de la Junta de Andalucia Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de a los ex consejeros Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y Mar Moreno, esto, desde el punto de vista técnico, no supone su imputación judicial, pero sí un cambio cualitativo en su situación procesal. 

Pues en los próximos días veremos a todos ellos entrar en compañía de sus abogados en el Tribunal Supremo para declarar ante el juez instructor.

La semana pasada, la actual presidente de la junta, sucesora de Griñán; Susana Díaz anunció que cualquier cargo público de su partido que resultara imputado tendría que dejar su escaño. Este era el titular que dejaba Susana Díaz para paliar y amedrentar al hartazgo de los ciudadanos ante los numerosos casos de corrupción y al creciente descrédito de los políticos.

 Es cierto que los ahora investigados podrían finalmente no tener que sentarse en el banquillo y, desde ese punto de vista, hay quien podría considerar precipitado actuar ya políticamente contra ellos. Pero lo que sí sabemos con seguridad es que, para el Supremo, existen indicios suficientes como para que la conducta de los implicados sea examinada, y no por asuntos menores, lo cual supone todo un aviso judicial.

Si la situación de estos hoy diputados y senadores es suficientemente grave como para que Susana Díaz les reclame sus actas, es algo que puede ser materia de debate, aunque lo deseable es que, por puras razones de ética política, es que fueran apartados de sus escaños.

El auto de la Sala Penal del Supremo recuerda que los indicios sobre la participación de los aforados en los hechos que ahora se examinan derivan de su posición de alta y especial responsabilidad política. Por eso, más allá de lo que, en su momento, acabe estableciendo el Tribunal como hechos jurídicamente probados, lo lógico es que se depuraran ya sus responsabilidades en el terreno político; más aun por cuanto, sin prejuzgar que Chaves, Griñán y los demás fueran conocedores de la trama de los ERE fraudulentos, es evidente que, entre sus obligaciones, estaba la de garantizar un uso correcto de los fondos públicos. 

En un momento en el que resulta imprescindible legitimar el ejercicio de la política y devolverle credibilidad, los líderes de los partidos deberían actuar en consecuencia y dar ejemplo.

El 9N deriva en un fracaso absoluto del independentismo.

Los partidos y asociaciones independentistas de Cataluña, con Artur Mas a la cabeza, consumaron ayer su simulacro de referéndum con el estruendo típico de unas elecciones. No había un censo real, ni autoridad electoral, ni sistema transparente de recuento, los certificados de voto se repartieron a discreción y las votaciones se sucedieron sin más garantías que las que dan los promotores de la consulta, pero la vistosa afluencia y los recuentos oficiales desgranados por el Govern durante la jornada contribuyeron a pergeñar una ficción democrática.

Hasta dentro de unas semanas no se sabrá con exactitud cuántas personas se declararon ayer a favor de la ruptura entre Cataluña y el resto de España, pero en estimaciones de la Generalitat -juez y parte del proceso- más de dos millones de catalanes acudieron a las urnas. Tratándose de una participación relativamente baja si tenemos en cuenta que la Generalitat amplió hasta los 16 años la edad para votar, permitió participar a los inmigrantes residentes e improvisó mesas en Londres, Nueva York, París y Bruselas para asegurarse el éxito de la convocatoria. Hay también que relativizar el éxito de esta asistencia porque cuatro millones de catalanes decidieron no ir a votar y porque en las elecciones autonómicas de 2012, con un millón de personas menos llamadas a las urnas, los partidos pro consulta ya obtuvieron 2,1 millones de votos, así los participantes rondaron en un tercio de los convocados, algo que se emparenta con las cifras de votantes soberanistas en convocatorias formales. No se sabe hoy exactamente cuántos son, ni se sabrá mañana el porcentaje, porque la posibilidad de votar continúa y porque se ignora en cuánto el presunto censo desborda los 5,4 millones: quizá supere los 6,3 millones. Tanta cuestión aleatoria e interpretable da la medida de cuán poco fiable ha sido el experimento.

La jornada, por tanto, ha sido inútil desde el punto de vista de medir los verdaderos deseos de los catalanes. 

Ósea que, pese a la insistente campaña propagandística desplegada a través de TV3 y de medios afines, con ingentes cantidades de dinero público, Artur Mas tan sólo ha conseguido movilizar a los suyos, y ni siquiera a todos. Este balance debería hacer meditar al presidente de la Generalitat y a su partido, también al resto de formaciones pro consulta, pues resulta muy indicativo de su pérdida de credibilidad en un mandato en el que no ha tenido más motivación que hacer valer el derecho a decidir. Hay que tener en cuenta lo sucedido en Cataluña a pesar de la nula trascendencia jurídica de una votación que no fue una consulta legal, ni un ejercicio democrático sino, tal como advirtió el ministro de Justicia, un acto propagandístico de exaltación independentista con urnas de cartón.

Si algo ha quedado claro es que el Estado de derecho funciona con plenas garantías, a pesar de las triquiñuelas empleadas por Artur Mas y sus socios para sortear la legalidad. El Gobierno ha actuado con firmeza y prudencia, al apelar al Tribunal Constitucional cuando lo ha creído necesario, pero cuidándose mucho en la toma de decisiones. Con la misma cautela, los jueces descartaron ayer retirar las urnas, como solicitaron UPyD y otros partidos y particulares en una quincena de denuncias, porque hubiera sido, sin duda alguna, desproporcionado. Pero la Fiscalía investiga ya posibles delitos de desobediencia, malversación y prevaricación en la actuación de la Generalitat por contravenir la suspensión de la consulta, decretada la semana pasada por el Tribunal Constitucional. Esta orden del TC afecta a las autoridades e instituciones, no a las asociaciones civiles. Según el ministro de Justicia, la Fiscalía también investigará a quienes hayan ordenado a funcionarios que colaborar en el proceso. Una cosa es no dar argumentos al victimismo independentista y otra muy distinta permitir que la Generalitat se salte a la torera las resoluciones del TC.

Con todo, resulta evidente que aunque mantener el dique legal es imprescindible para resistir los embates del independentismo, el Gobierno debe recurrir a la política para desactivar el pulso soberanista. Era previsible, pero hay que tomar buena nota del triunfalismo con que Artur Mas valoró esta "jornada histórica". El presidente de la Generalitat vendió como un éxito la participación cosechada, y advirtió de que tras este paso de gigante Rajoy está obligado a permitir la celebración de un referéndum de autodeterminación con plenos efectos. Mas sabe de sobra que lo que pide es imposible, pero es consciente de que su supervivencia política pasa por mantener su reto al Estado.

EEUU se juega su futuro en las legislativas.

Los estadounidenses acuden mañana a las urnas para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, en unas elecciones legislativas marcadas por el pesimismo de los votantes y el desencanto con su presidente, Barack Obama. El trofeo en disputa es el control del Senado, que podría pasar también a manos de los republicanos, dueños ya de la Cámara de Representantes, si consiguen arañar los seis escaños que les separan de la mayoría.

Frente a un Partido Demócrata a la defensiva, la oposición republicana ha impuesto entre la mayoría del electorado la percepción de Obama como un presidente fallido, y las elecciones parlamentarias como un plebiscito sobre su gestión, siendo el propio Obama el que ha apuntalado este carácter al considerar el voto como un pronunciamiento sobre sus logros. Pese al crecimiento sostenido de la economía y la caída del paro y el déficit público, una consistente mayoría se muestra desalentada sobre la situación de EEUU y desaprueba la actuación presidencial en ámbitos que van desde lo coyuntural, como la crisis del ébola, hasta otros de largo recorrido, como sus vacilaciones en política exterior o la escasa convicción de su respuesta ante el yihadismo y la peligrosidad del Estado Islámico. La impopularidad del jefe del Estado le ha convertido en tóxico para sus propios senadores, que han evitado la presencia de Obama en apoyo de sus actos electorales.

La polarización estadounidense se ha acentuado en los últimos años, en paralelo con la presión de la derecha montaraz sobre el Partido Republicano (Tea Party) y el escaso entusiasmo demócrata en la defensa de sus propias políticas. Esta evolución, que inhibe progresivamente el voto moderado, tiene su reflejo en la menguada atención que suscitan las legislativas (participación media del 40%), pese a su importancia en la gobernación del país.

El actual Congreso no se ha caracterizado por sus logros. Si los republicanos consiguen recuperar el Senado no se producirá un cataclismo político. Una mayoría conservadora no puede eliminar de un plumazo la obra de Obama, pero sí desfigurarla y maniatar las iniciativas presidenciales. Torpedear la agenda de la Casa Blanca durante los dos próximos años, sin embargo, sería la más torpe de las opciones en un país tan necesitado del acuerdo entre sus dos grandes partidos para resolver algunos de sus problemas sociales y políticos más acuciantes.