ETA debe seguir sufriendo el peso de la ley por todas sus fechorías.

Ayer conocimos una estupenda noticia; la decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo que establece que no se debe aplicar descuentos en las condenas de los etarras por las penas que hayan cumplido en otros países de la Unión Europea. Al hacerlo así, desautoriza a los jueces de la Audiencia Nacional que fallaron a favor de las reclamaciones de los terroristas. En demasiadas ocasiones los asesinos han aprovechado los resquicios de la ley o el clima político para obtener unos beneficios que, a todas luces, no merecían.

La resolución del Supremo tiene la virtud de que zanja las diferentes interpretaciones a las que había dado lugar una Decisión Marco de la Unión Europea entre los jueces de la Audiencia Nacional. La falta de un criterio claro permitió que desgraciadamente, a principios de diciembre, y pese a la oposición de la Fiscalía, se pusiera en libertad a Santi Potros y a Alberto Plazaola. El acuerdo del Tribunal Supremo permite ahora rechazar las solicitudes de descuento de la condena que habían presentado cerca de 80 terroristas y devolver a prisión a los dos ya excarcelados.

Ayer, también conocimos que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado 29 años de prisión para Bolinaga por el asesinato a tiros de un agente de la Guardia Civil en 1986. El sanguinario etarra se halla en libertad condicional desde agosto de 2012 después de que diferentes informes médicos dijeran que sufría una enfermedad incurable en fase terminal. Transcurridos más de dos años, resulta más que evidente que se ha producido una burla a la Justicia. Es de ley que el carcelero de Ortega Lara, que jamás se ha arrepentido de sus fechorías, dé cuenta ante los tribunales de todos sus crímenes, si bien, a estas alturas, es difícil que se modifique el régimen de que disfruta.

Que ETA haya dejado de matar no debe dar pie a un espacio de impunidad y menos aún a relajar, la situación carcelaria de los terroristas. El Código Penal está para cumplirse y la Justicia debe garantizar, como siempre, su aplicación.

Para las víctimas: Memoria, dignidad y justicia y para los terroristas; Ni olvido, ni perdón.