Miseria y represión, el cóctel molotov de las protestas en Venezuela.

Venezuela lleva nueve días sumida en una oleada de protestas en las calles en contra del régimen chavista que preside Maduro. Los violentos enfrentamientos dejan ya seis muertos y centenares de heridos, así como decenas de detenidos por la, entre ellos, el líder opositor Leopoldo López, acusado de instigar un "golpe de Estado".

Hasta ahora, la estrategia seguida por Maduro consiste en reprimir de forma brutal las protestas, al tiempo que tilda a los manifestantes de "fascistas". Su objetivo político es claro: identificar el profundo descontento que padece buena parte de la población con una "conspiración" por parte de EEUU para derrocar a Maduro y la guerra económica que, según los chavistas, lleva desarrollando la oposición en los últimos meses para tratar de desestabilizar el país.

Sin embargo, las causas reales del levantamiento de parte de la población son muy distintas, encontramos aquí un cóctel explosivo, en el que se mezclan miseria y represión son sin duda alguna, las causas de esta pacifica  a revolución, siendo el detonante de esta, el pasado 12 de febrero, Día Nacional de la Juventud en Venezuela, cuando miles de estudiantes tomaron las calles de Caracas para protestar por la crisis económica y social y la elevada inseguridad que sufre su país.

El creciente declive económico que padece Venezuela desde hace años se ha acentuado de forma muy sustancial en los últimos meses, tras la muerte de Hugo Chávez y su sustitución en el poder por Nicolás Maduro. El desabastecimiento y la hiperinflación campan a sus anchas en la otrora rica economía venezolana debido al fuerte intervencionismo público y el rígido control de cambios impuesto por el régimen.

Otra prueba evidente de la ruina chavista es la producción de petróleo. Venezuela posee una de las mayores reservas de crudo y gas del mundo, pero la nacionalización de esta industria ha convertido a este país en el único poseedor importante de recursos energéticos cuya producción ha caído considerablemente en los útlimos años.

El fuerte deterioro de las condiciones económicas se ha traducido, igualmente, en un aumento muy importante de la criminalidad y la delincuencia.

Por último, y como muestra de la escasa libertad que disfrutan los venezolanos, primero Chávez y ahora Maduro han ido tomando el control de casi todos los medios de comunicación del país. Por esto es que Venezuela ocupa el puesto 116, de un total de 180, en el ranking mundial de libertad de prensa. Siendo ejemplo de esto que tras el estallido de las revueltas, los usuarios de twitter en Venezuela han denunciado que no se pueden ver imágenes ni tampoco subir fotos en el país debido a la censura del Gobierno.

Además, nos encontramos ante uno de los países más corruptos del planeta. Ocupa el puesto 160, de un total de 177 países, en el índice de percepción de corrupción que elabora Transparencia Internacional.

Por este cóctel de miseria y represión que representa el socialismo del S.XXI en Venezuela los jóvenes del país han reaccionado de forma pacífica porque, a diferencia de otros venezolanos, ellos han crecido en medio del chavismo y todo lo que saben sobre el socialismo es lo que significa en la práctica: pobreza, escasez de bienes y represión política. Porque como señala una de las muchas pancarta que se observan en las protestas, "Estos castro-chavistas hablan como Marx, gobiernan como Stalin y viven como Rockfeller mientras el pueblo sufre".
Deseo que estas propuestas tengan el mismo efecto que las ucranianas y que el gobierno venezolano ceda, para que Venezuela abandone el "socialismo del S.XXI" y sea un país prospero, en el que sus ciudadanos disfruten de los Derechos y libertades fundamentales.

NO al chantaje etarra.

El EPPK, colectivo de presos de ETA anunció ayer que aproximar a los reclusos de la banda a las cárceles vascas "sería un paso importante que nos acercaría a la libertad y a la paz". Este mensaje es mera propaganda barata. No es casual que se produzca en vísperas de la reunión en el País Vasco de los "mediadores" internacionales. De esta manera ETA busca dar la imagen de que el Gobierno se muestra inflexible pese a los pasos que ella sí da. Que quienes se han especializado en el tiro en la nuca, el coche bomba, el secuestro y la extorsión, así como quienes les apoyan, manoseen las palabras "paz" y "libertad" resulta particularmente repugnante. Pero es que además mantienen viva la amenaza. En sus declaraciones de ayer, los representantes de los presos subrayan que no contemplan la violencia "en este nuevo contexto", dando a entender desvergonzadamente que, si las circunstancias cambian, volverán a las andadas.

ETA insiste en poner condiciones y lo primero que cabe preguntarse es con qué legitimidad y sobre todo con que moral.

 Los terroristas han sido juzgados y condenados en un Estado constitucional, democrático y de Derecho y por ello, deben cumplir sus penas conforme establece la ley. Pretender que el Gobierno y los demócratas seamos generosos con ellos, cuando siguen sin pedir perdón a las víctimas, sin hacerse cargo de las indemnizaciones fijadas y sin colaborar con la Justicia es estar fuera de la realidad y del sentido común, ademas de un insulto a la inteligencia de todos.

Habría que preguntarse a cambio de qué los terroristas pretenden mejorar la situación de sus presos. Y la respuesta es clara: a cambio de nada; salvo que el compromiso de no empuñar de nuevo las armas pudiera considerarlo alguien una aportación. Por todo ello, no debe haber ningún movimiento en las cárceles ni ningún gesto hacia los reclusos de la banda mientras ETA no se disuelva, deje las armas, pida perdón y se responsabilice del daño cometido.

Coto a la libre circulación.

Ayer y como la mayoría de los domingos, los suizos estaban llamadas a acudir a las urnas en referéndum, esta vez el resultado ha sido muy desfavorable para la libertad porque aunque por corta mayoría (50,3% de los votos expresados), la victoria de los que se oponen a la inmigración masiva en Suiza tendrá consecuencias para el conjunto de Europa. Este resultado no solo cuestiona el acuerdo de libre circulación de personas establecido con la Unión Europea, sino que refleja la agitación populista y xenófoba que atraviesa el Viejo Continente, a poco más de tres meses de las elecciones europeas.

Lo sucedido desafía las posibilidades de hacer política cuando un partido extremista, como la UDC, juega a participar en las instituciones sin dejar de actuar como oposición.

 Este es el peor resultado posible para la mayoría de los políticos y de las organizaciones empresariales suizas. Los votantes del “sí” han respaldado la iniciativa de un partido populista, la Unión Democrática de Centro (UDC), que obliga a restablecer cuotas de inmigrantes y de demandantes de asilo, así como a tener en cuenta la “preferencia nacional” en un país cuya tasa de paro solo se mueve en torno al 3% de la población activa.

De poco ha valido el posicionamiento de una docena de organizaciones patronales, en enero pasado, en la que advertían que la libre circulación permite reclutar en Europa la mano de obra especializada que se necesita. La UDC se felicita del éxito de sus argumentos, centrados en el hacinamiento que supone recibir a más de 80.000 inmigrantes cada año en un país de ocho millones de habitantes, de los cuales son extranjeros el 23%.

Las corrientes centrales de la política europea tienen que reaccionar ante tal estado de cosas: en primer lugar, poniendo fin a la debilidad de su propio liderazgo y reafirmando los valores europeos de cara a los sectores angustiados por la apertura de fronteras —y en definitiva, por la globalización—, que creen ver la solución a los problemas de la crisis en el repliegue sobre sí mismos.

Vergonzoso informe corruptil.

El  informe sobre la corrupción elaborado  y presentsdo ayer por la Comisión Europea es un duro golpe para España, y debería abochornar a las personss y partidos que gobiernan las administraciones. En el documento queda claro que España se ha situado en la Champions League de la poco honorable clasificación de países corruptos.
Estos son algunos de los datos del informe: Uno de cada cuatro euros de los contratos públicos , es decir el 25%, acaba en manos de corruptos. El 97% de las empresas detecta prácticas irregulares en las administraciones. Entre 1996 y 2009, los medios de comunicación se hicieron eco de 5.144 casos de corrupción que afectaron a 600 municipios. La Comisión ha detectado tres grandes focos en los escándalos: el desarrollo urbanístico, la financiación de los partidos y la contratación pública. Es decir, que todos los niveles de las administraciones están afectados por comportamientos corruptos, aunque Bruselas pone especial énfasis en el riesgo que supone el poder discrecional de los ayuntamientos para la planificación urbanística y en la falta de transparencia y control de las cuentas de los partidos.
La lentitud de la Justicia en la depuración de las responsabilidades penales es sin duda una de las causas de la inquietud de los ciudadanos ante la corrupción. Europa nos ha sacado los colores y el Gobierno debe tomar nota y preparar medidas contra la corrupción y para mejorar los controles de la financiación de los partidos. Debe hacerlo con contundencia y a la mayor brevedad posible.