Bochornoso espectáculo jurídico

El fiscal Pedro Horrach, que no había recurrido  la imputación de la infanta Cristina, solicita ahora unas urgentes diligencias encaminadas a desvirtuar el auto dictado por el juez  Castro sobre la misma. Se trata de un recurso encubierto bajo la petición de nuevas pruebas. Formalmente no se presenta como tal, evitando las dilaciones a que daría origen su tramitación, pero pretende que declaren varios funcionarios que sacarán al magistrado de las dudas o errores que, en su consideración, incluye el auto judicial de imputación del pasado 7 de enero.

En su alegato, el fiscal reconoce que aquí hay asuntos que parecen inmorales como que la firma “Aizoon”, propiedad al 50% de la Infanta y de su marido, Iñaki Urdangarin, “repartió dividendos a sus socios camuflados bajo gastos personales ajenos a la actividad mercantil”; precisando en este caso ministerio público que eso no es delito, y que por ello no hay caso penal. Y recuerda también que el Instituto Nóos y todas las sociedades mercantiles que giraban en torno al mismo estaban destinadas a “consumar la apropiación de fondos públicos percibidos por el citado Instituto”. Sin embargo, aporta argumentos técnicos con los que intenta precisar que o bien sus actividades no son responsabilidad de la infanta o  no hay delito en ellas.

Como todos sabemos el término legal “imputación”, no implica acusación formal, sino la justificación de las razones por las que un juez cree preciso tomar declaración a una persona asistida de abogado. En todo caso, los argumentos de fondo del fiscal quedan enmarañados en las acusaciones que vierte contra el juez: le atribuye ser menos riguroso que la Agencia Tributaria; le presenta como un desconocedor de materias fiscales y contables; y le dice que se ha dejado llevar por una “teoría conspiratoria”. Si el fiscal cree que estamos ante una conspiración, la sociedad debería conocer los elementos en los que se basa para lanzar esa sospecha.

También hay que reseñar que es totalmente comprensible que la Infanta requiera medidas de seguridad distintas de otras personas llamadas a la hora de declarar, y cabe suponer y es de esperar que el Poder Judicial lo tendrá en cuenta a la hora de organizar esa comparecencia.

Porque más allá del paseíllo o de la comparecencia de una infanta de España lo importante aquí  es clarificar qué pasó y a quién deben atribuirse las responsabilidades por lo ocurrido en el Instituto Nóos y en sus sociedades pantalla. La igualdad ante la ley no se favorece con esos intentos de hacer ruido en torno al proceso, en vez de llevarlo a término de una vez.