viernes, 12 de diciembre de 2014

Responsabilidad poco remunerada.

El Portal de la Transparencia que el miércoles inauguró el Gobierno ya está abriendo los primeros debates transparentes, el primero ha sido sobre los sueldos que cobran los altos cargos de la administración del Estado. Este asunto viene siendo objeto de polémica desde hace tiempo, pero nunca como hasta ahora se ha podido comprobar el enorme desbarajuste existente gracias precisamente a disponer de todos los datos reunidos y al alcance de unos clics, siendo un importante síntoma de transparencia, fruto de la regeneración que está llegando a nuestro país y que tanto anhelábamos.
El panorama que ofrece el sistema de retribuciones es de todo punto irracional, impensable no ya en la empresa privada, sino en el organigrama de la asociación más modesta. Es completamente ilógico que quien más responsabilidades tiene, quien toma las principales decisiones en el país, tenga una remuneración menor que sus subordinados. Sin embargo, hoy sabemos que el presidente del Gobierno gana, en España, menos que 264 altos cargos, y los ministros, menos que los secretarios de Estado, los subsecretarios y los jefes de gabinete que tienen a su disposición. Y en no pocos casos, las diferencias salariales son amplísimas.
El Portal de la Transparencia ha permitido que esta absurda situación pueda ser conocida en la calle sin demagogias. Los datos están ahí y son los que son. Lo razonable sería que el presidente del Gobierno fuera quien más cobrase dentro de la Administración general y, de ahí hacia abajo, el resto, en función de su nivel de responsabilidad. Pero si algo tan obvio y aparentemente tan sencillo de establecer como los salarios presenta tales desequilibrios, preocupa pensar cómo pueden estar organizadas otras parcelas del aparato del Estado. También hay que afrontar con realismo el asunto de la cuantía de los salarios. Los 90.000 euros que cobra al año Mariano Rajoy  al año se antojan claramente insuficientes para quien dirige la nación y está permanentemente de servicio, desde el primero al último día de su mandato. 
En este punto conviene huir de los extremos. Ni la política puede ser el oasis de unos privilegiados, alejados de la sociedad a la que representan, ni tampoco una actividad tan mal remunerada que ahuyente a personas capacitadas que podrían acabar viendo en ella muchos más sinsabores que legítimas compensaciones.

España es una democracia moderna, forma parte de las principales organizaciones internacionales y debe pagar a sus representantes en justa consonancia. Por ello, lejos de frivolizar, convendría empezar a preparar un nuevo catálogo de retribuciones para la cúpula de la Administración, dentro de un programa de reformas para corregir los desequilibrios existentes. La Administración debe ser racional y atender al principio de jerarquía. Desde el momento en el que cargos inferiores cobran más que sus jefes, es evidente que el sistema existente falla por su base.

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