Ayer conocimos un nuevo AUTO de la Sala Penal del Tribunal Supremo en el que se acuerda abrir investigación por posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos a los ex presidentes de la Junta de Andalucia Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de a los ex consejeros Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y Mar Moreno, esto, desde el punto de vista técnico, no supone su imputación judicial, pero sí un cambio cualitativo en su situación procesal.
Pues en los próximos días veremos a todos ellos entrar en compañía de sus abogados en el Tribunal Supremo para declarar ante el juez instructor.
La semana pasada, la actual presidente de la junta, sucesora de Griñán; Susana Díaz anunció que cualquier cargo público de su partido que resultara imputado tendría que dejar su escaño. Este era el titular que dejaba Susana Díaz para paliar y amedrentar al hartazgo de los ciudadanos ante los numerosos casos de corrupción y al creciente descrédito de los políticos.
Es cierto que los ahora investigados podrían finalmente no tener que sentarse en el banquillo y, desde ese punto de vista, hay quien podría considerar precipitado actuar ya políticamente contra ellos. Pero lo que sí sabemos con seguridad es que, para el Supremo, existen indicios suficientes como para que la conducta de los implicados sea examinada, y no por asuntos menores, lo cual supone todo un aviso judicial.
Si la situación de estos hoy diputados y senadores es suficientemente grave como para que Susana Díaz les reclame sus actas, es algo que puede ser materia de debate, aunque lo deseable es que, por puras razones de ética política, es que fueran apartados de sus escaños.
El auto de la Sala Penal del Supremo recuerda que los indicios sobre la participación de los aforados en los hechos que ahora se examinan derivan de su posición de alta y especial responsabilidad política. Por eso, más allá de lo que, en su momento, acabe estableciendo el Tribunal como hechos jurídicamente probados, lo lógico es que se depuraran ya sus responsabilidades en el terreno político; más aun por cuanto, sin prejuzgar que Chaves, Griñán y los demás fueran conocedores de la trama de los ERE fraudulentos, es evidente que, entre sus obligaciones, estaba la de garantizar un uso correcto de los fondos públicos.
En un momento en el que resulta imprescindible legitimar el ejercicio de la política y devolverle credibilidad, los líderes de los partidos deberían actuar en consecuencia y dar ejemplo.
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