La grave crisis abierta entre el PSOE e IU en
Andalucía por la gestión de las viviendas públicas marca un antes y un después
para la coalición de Gobierno en la Junta.
Esta disputa no ha sido una sorpresa para muchos pues vista la radicalidad
de los planteamientos de IU, era cuestión de tiempo que ambas formaciones
chocaran: un día apoya la ocupación de fincas, al siguiente los escraches a
políticos, hasta que finalmente acaba saltándose el turno de adjudicación de
pisos destinados a personas desfavorecidas para beneficiar a un colectivo afín.
Fue
la propia consejera Elena Cortés quien impulsó la ley antidesahucios andaluza
que legaliza la expropiación de viviendas y sanciona a los propietarios de
casas vacías, una norma que socava el derecho a la propiedad privada y que ya ha
sido suspendida acertadamente por el
Tribunal Constitucional.
Ante
este percal Susana Díaz ha optado por
retirarle a la consejera las competencias para adjudicación de viviendas
públicas, siendo está una acción incompleta, puesto debería haberla destituido
de su cargo automáticamente, pues está claro que alguien tiene que
responsabilizarse de que se haya preferido realojar a unos “okupas” antes que
atender las necesidades de personas con verdadero riesgo de exclusión social.
Al parecer entre los beneficiados habría más de uno con trabajo e incluso
alguno vinculado al grupo municipal de IU en Sevilla. Estamos claramente ante
una irregularidad que podría constituir un delito de prevaricación, pues se ha
obviado el orden de prioridad establecido por la ley.
Estos
hechos tienen una importancia muy relevante pues indican que IU actúa por libre
en la Junta, sin contar con su socio de Gobierno y de espaldas a la presidenta
y, lo que es más grave; a la ciudadanía. Pretendiendo explotar la demagogia en un
asunto particularmente sensible en momentos de crisis.
Lo
que queda claro es que el incidente entre PSOE e IU es grave y da pie a pensar
que podemos hallarnos ante el principio del fin del pacto de Gobierno, justo
cuando en Andalucía se llega al ecuador de la legislatura, algo que muchos aventuramos justo en el momento en que se forjó. Ante esto a
Susana Díaz sólo le queda ser taxativa, aunque a estas alturas ya haya quien se
malicie y piense que esta crisis le sirva de excusa para argumentar la
imposibilidad de gobernar con esta excrecencia ideológica y, consecuentemente,
verse forzada a convocar unas elecciones tan anticipadas como deseadas por los
suyos y por aquellos que sólo viven del cálculo que brindan las encuestas, y que
a mi modo de ver sería un tanto
irresponsable y forzado hacerlo.
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