Ayer el consejo de
ministros aprobó el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial que fue presentada en la rueda de prensa posterior al mismo.
Esta reforma supone una modificación clara y sustancial de las
estructuras de la Justicia en España. Con dos objetivos muy claros: dar mayor agilidad
al sistema judicial y ganar en seguridad jurídica, los dos grandes problemas
endémicos de nuestra Administración de
Justicia.
En primer lugar la nueva norma elimina las Audiencias
Provinciales y crea los Tribunales Provinciales de Instancia, esto supone
modificar sustancialmente el funcionamiento de los juzgados, de forma que tanto
en la instrucción como en la fase de juicio, los magistrados se repartirán
proporcionalmente los casos.. Es, sin duda, un paso en la buena dirección que
permitirá una distribución más equitativa del esfuerzo, lo que redundará en
mayor rapidez y en un beneficio para el ciudadano. Además, la ley declara
hábil el mes de agosto para evitar la paralización de los tribunales en el
período estival. Otra importante novedad es que los casos particularmente complejos que
lleguen a cualquier unidad judicial y todos los que se investiguen en la
Audiencia Nacional serán instruidos de forma colegiada por tres jueces. Esto
acabará por fin con la figura del juez estrella, y la consecuente focalización
de la presión sobre su persona, esa medida puede contribuir a agilizar la
investigación de macroprocesos en los que son necesarias múltiples diligencias.
Una de las medidas que pueden ser objeto de polémica de esta
reforma es la de otorgar la condición de aforados a la Reina y a los Príncipes.
Medida que a mi modo de ver es acertada y necesario pues es ilógico que
cualquier diputado o senador sea aforado y no el heredero de la Corona.
Por otra parte, la decisión de dar carácter vinculante a la
doctrina del Tribunal Supremo es igualmente oportuna. La seguridad jurídica a
que dará lugar redundará a buen seguro en una menor litigiosidad.
La nueva ley Orgánica del Poder Judicial es una apuesta valiente
que acude a la raíz de problemas crónicos y será un instrumento para modernizar
y descolapsar la Administración de
Justicia, algo que tanta falta hace.
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