Menos diputados, no significa menos democracia.

Ayer, las cortes de Castilla-La Mancha aprobaron  con los votos a favor del PP la reforma del Estatuto de Autonomía de la comunidad para cambiar la Ley Electoral y reducir  de 49 a 33 el número de diputados en el parlamento autonómico. A partir de la próxima legislatura, cada provincia, de las 5 que componen la comunidad tendrá 3 escaños fijos y los restantes, hasta llegar a 33 se distribuirán en proporción a la población. Los socialistas han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional e IU tiene pensado hacer lo mismo. El PSOE tacha la medida de «pucherazo electoral» denunciando que, con esa reforma, el PP quiere obtener un provecho partidista. Se trata de una crítica demasiado simplista. La reforma electoral  impulsada en Castilla La Mancha es un camino que debería marcar la dirección a otras comunidades autónomas. Ni los intereses de los ciudadanos están mejor representados con más diputados ni por su reducción se resiente la democracia. Además, es coherente que, en un momento en el que los políticos están pidiendo esfuerzos y austeridad al conjunto de la sociedad, prediquen de una vez y coherentemente con el ejemplo. Ahora bien, esta reforma no debería ir sola, sino que se debería acompañar de otras medidas de regeneración en el conjunto del país, como por ejemplo la renuncia a los blindajes judiciales, empezando por la retirada del aforamiento a los parlamentarios autonómicos, podría ser una iniciativa interesante en un país que tiene el récord de aforados, más de 10000...