La constitución y la ley finiquitan la deriva soberanista.

El fallo de ayer del Tribunal Constitucional sobre el recurso planteado por el Gobierno contra la declaración soberanista del Parlamento catalán promovida por el presidente de la generalitat, Artur Mas, despeja cualquier duda de que ésta declaración tuviera algún viso de constitucionalidad. Con la contundencia el pleno del Tribunal Constitucional afirma que la declaración sí tiene efectos jurídicos y además produce consecuencias de esa naturaleza. Por esa razón, el recurso planteado en su día por el Gobierno debía ser admitido a trámite. Echa por tierra, por tanto, la pretensión de hacer pasar la declaración del Parlamento catalán como una mera afirmación política, sin trascendencia ninguna en el marco jurídico.

A continuación entra en el fondo del asunto y deja claro que el principio primero, ése que dice que el pueblo de Cataluña tiene "carácter de sujeto político y jurídico soberano" es nulo e inconstitucional porque el pueblo catalán no es titular de una soberanía porque ésta sólo reside en el pueblo español en su conjunto, como bien dice nuestra carta magna. Y abunda en ello afirmando que ese principio es incompatible con el artículo 2 de la Constitución puesto que pretende conferir a un sujeto parcial "el poder de quebrar, por su sola voluntad, lo que la Constitución declara como su propio fundamento: la indisoluble unidad de la Nación española". En defintiva, concluye la sentencia en este aspecto que "en el marco de nuestro Estado de Derecho, siendo la garante del mismo nuestra constitución, una Comunidad Autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España". Esto es lo esencial de una sentencia que se ha emitido por unanimidad.

La sentencia del TC es clara y no admite interpretaciones interesadas. El hecho de que se haya aprobado por unanimidad le da una fuerza importante y muy necesaria, habida cuenta de lo lejos que han llegado los independentistas en sus acciones.

Por esto, hemos de tener una cosa bien clara: la declaración del Parlamento catalán es contraria a la Constitución y todo lo que de ella se derive atentará contra la legalidad que todos los dirigentes de un país civilizado deben acatar.